Investigadores asociados: Fernando Cárdenas, Mauricio Villamil

En 1972 la UNESCO proclamó la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, con el propósito de promover la valoración, la preservación y la divulgación de los bienes representativos de los procesos humanos y naturales; a esta convención se adhirió Colombia mediante la Ley 45 de 1983. Un año después, en 1984, se inscribió en la Lista del Patrimonio Mundial el Puerto, Fortificaciones y Conjunto de Monumentos de Cartagena de Indias. En 2011, con el Paisaje Cultural Cafetero, se completaron 7 siete sitios colombianos declarados Patrimonio de la Humanidad. Ese mismo año Colombia remitió a la UNESCO su nueva Lista Indicativa de Patrimonio Cultural y Natural; esta incluye 16 candidatos que se prevé sean presentados en los próximos años, entre los cuales se encuentra el Patrimonio Cultural y Natural de la Subregión del Alto Ricaurte (Boyacá, Colombia).

Estas nominaciones a la Lista del Patrimonio Mundial se constituyen en valiosos instrumentos de reconocimiento de los sitios y eventos testimoniales de la historia cultural y natural del país, que constantemente se enfrentan a riesgos provocados por el crecimiento urbano, la explotación intensiva –extractiva, turística, productiva-, las ideas de progreso y modernización, el conflicto y el olvido, entre otros factores, que conducen a su alteración, deterioro y destrucción.

Así mismo, actualmente se considera que la relevancia y pertinencia de ser incluido en una Lista de Patrimonio Mundial es la de consolidar un proceso que coadyuve a la formulación de un plan de manejo eficaz para la conservación y protección del patrimonio cultural y natural, mediante la identificación de los problemas que lo afectan, la implementación de programas y proyectos dirigidos a activar la valoración, uso y sostenibilidad de los bienes culturales y naturales que existen en su territorio y garantizar el bienestar de las poblaciones organizadas en torno a estos.

En ese sentido, es necesario aclarar que la inclusión en esta lista no genera, de hecho, recursos financieros por parte de la UNESCO ni del Estado Parte (de la Convención). Por ello, el eje central del expediente de declaratoria es el de la formulación de un Plan de Manejo, enmarcado en acciones y estrategias que guían los programas y proyectos. Este plan se sustenta en el diagnóstico de los riesgos que se ciernen sobre el patrimonio cultural y natural, la identificación y caracterización de los problemas causantes de los mismos, y en la evaluación de las políticas, programas y proyectos del orden nacional, departamental, de la provincia y municipal; la vigencia y eficacia de los mismos y su pertinencia para el sitio patrimonial.

Por consiguiente, el fin del proceso de patrimonialización no es sólo la inclusión en una lista. Esta se convierte en la justificación que conduzca a fortalecer los programas en curso y a promover la creación de otros, mediante alianzas y presencia de distintos sectores (del nivel internacional, nacional, departamental y municipal) y agentes (privados y públicos), y cuyos proyectos se orienten a mejorar y potenciar la preservación del patrimonio y el bienestar de las comunidades locales, primordialmente.

La Convención para la Protección y Conservación del Patrimonio Cultural y Natural cumple en  2012 cuarenta años de vigencia. Al examinar su evolución, mediante el análisis del desempeño de los sitios patrimoniales, hace que sea recomendable orientar el plan hacia el reconocimiento del patrimonio entre las diversas comunidades que se vinculan a éste (mediante procesos de activación de pertenencia, apropiación, representación, actuación), a que las condiciones de vida de los habitantes del territorio sean propicias, a que la situación del entorno sea sustentable para las poblaciones y los recursos, entre otras metas. Estos insumos constituyen el cuerpo principal del Expediente para la Declaratoria (o Inclusión en la Lista del Patrimonio Mundial, como se le nomina formalmente al proceso) que es requerido presentar ante la UNESCO (ver Directrices Prácticas para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial de jul. 2013, en whc.unesco.org).

Entre el 2012 y el 2013 el Ministerio de Cultura y la Fundación Erigaie han desarrollado las dos primeras fases de construcción de este expediente y del plan de manejo. Durante el primer año se realizó el trabajo de identificación, caracterización y evaluación del estado actual del patrimonio cultural y natural (se puede consultar en el sitio web www.herenciamia.org/ricaurte). Este se llevó a cabo con el apoyo de los habitantes de la región, quienes determinaron las características de cada uno de estos sitios, que dieron los datos para la georeferenciación de los sitios y que sentaron las bases para un grupo de trabajo regional en torno al patrimonio cultural y natural.

Durante el 2013 se finalizó la valoración de los recursos culturales y naturales del territorio, con base en los criterios establecidos por la UNESCO y a la valoración que le dan los habitantes locales. Adicionalmente se identificaron y se discutieron con la comunidad los mayores problemas del patrimonio cultural y natural alrededor de 3 ejes principales: comunicación y educación, economía rural y turismo. A partir de la metodología de marco lógico, estos problemas sirvieron para plantear soluciones conjuntas que puedan ser incorporadas al plan de manejo y que consoliden a los habitantes del territorio como agentes de construcción de su propio patrimonio.

Para el 2014 se ha planteado la última fase de elaboración del expediente, en la que se elaborará el plan de manejo que requerirá el análisis, la identificación de factores de riesgo y la definición de medidas específicas para los bienes del patrimonio arquitectónico, urbano, arqueológico, intangible, paleontológico y natural de la región. Finalmente, el plan de manejo buscará que las comunidades locales reconozcan sus bienes patrimoniales, activen procesos de significación cultural, que faciliten su inclusión en sus actividades y expresiones contemporáneas, y como motor de su propio bienestar. Este fortalecimiento en la apreciación y apropiación de los bienes culturales locales permite dar cabida a la formulación de otros programas de desarrollos, como los turísticos o agropecuarios, que sean coherentes y consecuentes con la conservación y protección de los bienes y como mecanismo para la inserción de estos bienes culturales en los planes de ordenamiento territoriales.